Operación Restitución: Fiscalía desmantela red de despojo y
extorsión; 23 detenidos el saldo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (Fiscalía Edoméx), en coordinación con
la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la
Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM),
autoridades de la Ciudad de México y el Gobierno de Veracruz, informó sobre el
ejercicio de acción penal contra 23 personas relacionadas con delitos de
despojo, extorsión y otros ilícitos contra la propiedad, como parte de la
Operación “Restitución”.
Esta operación forma parte de la Estrategia para la
Restitución de la Propiedad, cuyo objetivo principal es combatir el despojo
violento, la extorsión, la complicidad de servidores públicos y notarios, así
como otros delitos contra la propiedad. En total, fueron detenidos 11 sujetos y
ejercida acción penal contra 12 personas, sumando 23 individuos involucrados.
Las investigaciones revelaron que los imputados, actuando de
manera individual o colectiva, ocuparon sin derecho propiedades que incluyen
casas, locales, naves industriales y predios, usando violencia e intimidación.
Para llevar a cabo estas acciones, se apoyaron en “sindicatos” y contaron con
la complicidad de autoridades municipales y estatales, además de realizar
regularizaciones irregulares de propiedades mediante notarios públicos.
Entre los grupos implicados se encuentran sindicatos como la
Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, Gestión y Organización Popular
Emiliano Zapata (GOPEZ), Unión 300 y/o Los 300, y el Sindicato 22 de octubre,
así como el grupo delictivo conocido como Los Gastones. Los delitos que se les
atribuyen incluyen despojo violento, extorsión, secuestro exprés, homicidios,
robo con violencia, abuso de autoridad, falsificación de documentos y cohecho.
Destacan detenciones relevantes como la de José Carmelo “N”,
principal operador de USON, el 28 de mayo; Gabriela “N”, por ocupación de
inmueble en Ecatepec; Daniela “N”, detenida por cohecho y bajo investigación
por despojo y extorsión; Hugo Francisco “N”, detenido en Veracruz y vinculado a
proceso por extorsión y detenciones ilegales; Luis “N”, alias “El Conejo”,
líder de Unión 300; así como integrantes del Sindicato 22 de octubre y del
grupo Los Gastones.
Las pruebas presentadas incluyen videos de actos violentos,
testimonios y audiencias que documentan amenazas y extorsiones, denuncias de
ocupación violenta con uso de armas de fuego y documentos notariales con
registros irregulares ante el Instituto de la Función Registral del Estado de
México (IFREM).
En el marco de las investigaciones, tres notarios públicos
fueron imputados por falsificación de documentos y 12 servidores públicos,
tanto estatales como municipales, están acusados de abuso de autoridad y
complicidad. Funcionarios del IFREM también están implicados por
irregularidades en el registro de propiedades.
Para agilizar las investigaciones y proteger el patrimonio,
el 25 de abril de 2025 se creó la Unidad Especial para la Investigación de los
Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de
Inmuebles, con resultados significativos: desde abril se han asegurado 284
inmuebles que están en proceso de restitución, con planes para intervenir en 60
propiedades más en 34 municipios del Estado de México.
Entre los municipios afectados se encuentran Acolman,
Almoloya de Juárez, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Calimaya, Chalco,
Chimalhuacán, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Lerma, Metepec,
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Valle de
Bravo, entre otros.
Los detenidos ya fueron vinculados a proceso y permanecen en
prisión preventiva, respetándose la presunción de inocencia hasta que se dicte
sentencia definitiva. Para junio de 2025 están programadas las audiencias de
formulación de imputación, incluso para personas que se encuentran en proceso
sin detenido. Esta acción refleja el compromiso de las autoridades por
restaurar la legalidad y proteger el patrimonio de la ciudadanía en el Estado
de México.